Troncal del Cerro, sin licencia social
- Redacción La Lupa
- 4 ago 2015
- 2 Min. de lectura
Es inconcebible que una obra de estas magnitudes no haya sido consultada primero con la comunidad. Ahora esta polémica construcción tendrá que superar cientos de chíos embejucados, no tanto por los problemas que implica la obra en sí, sino por la bofetada que significa la firma de un decreto de este tipo por debajo de la mesa.
Solo las grandes corporaciones saben lo que es capaz de lograr una comunidad ofendida en defensa de su territorio. Si no, recordemos las manifestaciones y protestas que por meses se realizaron en el Quimbo, o el logro de los municipios de Tauramena, Casanare y Piedras, Tolima, que en 2013 lograron cancelar las actividades mineras en su jurisdicción.
Aunque una no está reglamentada, en Colombia se habla de dos tipos de licencias: una licencia ambiental expedida por las autoridades nacionales y/o regionales después de los estudios de impacto ambiental, y la conocida licencia social, que corresponde al aval que tiene que dar la comunidad afectada para la ejecución de las obras.
La troncal del Cerro, en el papel, es un proyecto que no tiene reversa, pero la comunidad de Chía cuenta con varias alternativas para enfrentarla. La Constitución del 91 proporciona unos instrumentos de “democracia directa”, dentro de las que se encuentra la iniciativa popular, la consulta popular, el plebiscito, el cabildo abierto, entre otros. Estos recursos pueden ser usados para diferentes fines locales y nacionales para rechazar medidas, proponer leyes, tumbar malos alcaldes y hasta definir políticas.
Sin embargo, los requisitos casi imposibles de algunos mecanismos, la subordinación de las iniciativas –que deben pasar por el congreso- y los alcances limitados y de fácil manipulación por parte de los gobernantes, dificultan salvar al cerro por esta vía. Bien dijo en su momento la Misión de Observación Electoral después una revisión: “estamos en mora de estrenar nuestra democracia”.
Uno de los mecanismos más eficaces es la consulta popular, en la cual el alcalde pondría a consideración del pueblo este asunto tan trascendental mediante una pregunta para que el pueblo se pronuncie. No es muy probable que el alcalde decida, por iniciativa propia, realizar la consulta. No obstante, ¿qué pasaría si miles de chíos indignados nos paráramos en frente de la alcaldía a exigirla?
Desde 1998, se han convocado más de 40 consultas populares, la mayoría sobre asuntos similares a la construcción arbitraria de la Troncal del Cerro, y en 18 ocasiones la comunidad ha ganado.
La voz del pueblo es la voz de Dios. Si los habitantes de Chía se oponen a la construcción de la Troncal del Cerro, el personaje que firmó el decreto puede tomar sus ocho carriles y llevarlos a otro lado, lejos del Majuy. Porque vías es lo que necesitamos y territorios con licencia social sobran.
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