¿Por qué Orlando Gaitán no podrá participar en las próximas elecciones?
- lalupadechia
- 21 oct 2015
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar solicitada por el ex candidato a la alcaldía de Chía, Orlando Gaitán, en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En efecto, el señor Gaitán interpuso un medio de control ante el Tribunal denominado nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo objetivo es solicitar la nulidad de unas resoluciones expedidas por la Procuraduría General de la Nación, mediante las cuales se le impuso una sanción disciplinaria de suspensión del cargo y se confirmó dicha medida.
Además de lo anterior, Gaitán también solicitó la suspensión provisional de tales resoluciones. ¿Cuál era el objetivo de esta solicitud? El señor Gaitán buscaba que no se hiciera efectiva la mencionada sanción, la segunda de las tres sanciones disciplinarias que pesan en su contra, pues estas lo inhabilitan para ejercer cargos públicos por tres años y, por ende, para participar en las próximas elecciones como candidato a la alcaldía.
De no hacerse efectiva, automaticamente la inhabilidad desaparecería y el ahora ex candidato volvería a la contienda electoral.
La decisión del Tribunal
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un Auto emitido el 16 de octubre del presente año, decidió negar esa medida cautelar.
En consecuencia, la sanción disciplinaria se mantiene y, al ser este su último recurso, Gaitán perdió definitivamente la oportunidad de participar como candidato a la alcaldía en las elecciones del proximo 25 de octubre, pues la inhabilidad sigue vigente.
Ante esta situación, el ex candidato emitió un comunicado en el que invita a votar en blanco por candidato a alcalde, pero pide apoyar al aspirante a la Gobernación, Jorge Rey, al candidato a la Asamblea, Óscar Carbonell, y a los 15 candidatos al concejo de la lista del movimiento Chía Renace.
Cabe recordar que el proceso ante el Tribunal continúa para determinar la legalidad o no de las resoluciones de la Procuraduría.
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